Hacia una nueva regulación del cannabis

MESA REDONDA: HACIA UNA NUEVA REGULACIÓN DEL CANNABIS

Introducción

Me resulta especialmente atractivo el título de esta mesa redonda. Invita a pensar lo nuevo, la idea de la construcción de algo mejor para todos y todas, sobre el edificio tambaleante de las políticas prohibicionistas.

Lo nuevo implica al menos dos dimensiones. Por un lado, lo nuevo no es lo mismo para todo el mundo. En algunos sitios lo nuevo puede ser la descriminalización del uso de cannabis. La batalla por el respeto a los derechos básicos de la persona que, ya sea por necesidad o en el ejercicio de su libertad, cultiva, transforma, almacena o traslada cannabis para uso personal o de las personas con quien habita.

En otros contextos, lo nuevo es la posibilidad de reducir el peso de la represión policial, el encarcelamiento o la violencia institucional que destrozan las vidas de personas que se involucran con los mercados de drogas y comenten delitos no violentos. Personas que cargan además con el peso de la pobreza, la desigualdad de género y la discriminación racial. Muchas veces condicionadas por la exclusión social y la necesidad de sobrevivir en una economía injusta. Habitualmente, sufriendo además la presión de grupos criminales, cada vez más violentos, que el prohibicionismo no ha hecho otra cosa que fortalecer.

Afortunadamente, cada vez en más países, lo nuevo es la posibilidad real, tangible, de a través de la legalización del cannabis, perforar una política prohibicionista erigida sólidamente por los más grandes poderes de la política mundial durante el siglo XX. Una novedad que no hace otra cosa que ajustar el mundo de las leyes a la realidad social. Porque la prohibición no se sostiene; no resiste el análisis científico, ni económico, ni moral.

Solamente puede sostenerla el apego conservador a una visión perimida del orden social, una que no produce seguridad real para los ciudadanos y ciudadanas de a pié.

Lo nuevo es también lo cultural. La posibilidad de desarmar los prejuicios. Toda esa trama simbólica que ha hecho ver en los usuarios de drogas la imagen del peligro, la improductividad, la falta de valores, la locura amenazante. Y que, en paralelo, ha negado la creatividad, el alivio, el ejercicio de la libertad, el encuentro con el placer, la mancomunión social, la exploración espiritual o la mejora en la salud física y mental que pueden reportar las diversas formas del uso tanto del cannabis como de otras sustancias prohibidas.

Pero hay una segunda dimensión de "lo nuevo" a la que quiero referirme. Y es aquella que vislumbramos en las sociedades donde el cannabis ya es legal. Y tiene que ver con la idea de que la legalización no se trata solamente del abandono del prohibicionismo. No es un único salto. Es un proceso que exige de innovación constante, a partir de la capacidad que tengamos para procesar el enorme caudal de información que produce este nuevo escenario.

En especial, porque la regulación del cannabis no es exactamente igual a ninguna otra y afortunadamente, por ejemplo, es bien distinta a la que estructuró los mercados de alcohol y tabaco.

En los países donde la legalización es un hecho hay que lidiar con nuevos problemas, muchos de los cuales no eran fácilmente imaginables en el escenario previo. Las brechas y curvas de aprendizaje que implica la producción segura y a gran escala de cannabis de calidad. El involucramiento de los centros de estudio y la formación de profesionales y técnicos con conocimiento referido a la planta. El proceso de cambio de la burocracia estatal en sus diversas esferas, que debe dejar atrás la persecución para pasar a contribuir al correcto funcionamiento de la legalidad. O las resistencias de un sistema financiero que obstaculiza el desarrollo de la nueva economía legal del cannabis, son solo algunos de los desafíos nuevos en el escenario post-legalización.

Pero hay dos de ellos en los que me quiero detener. Uno es es riesgo de la marcha atrás. Es un riesgo bajo, pero en un mundo con una alta volatilidad política y discursos mesiánicos sobre la necesidad de recuperar un orden perdido, aderezados con teorías conspirativas sobre la nueva agenda de derechos, es algo que no deberíamos dejar de considerar.

Por otro lado, los impactos sociales que implica la captura corporativa del del nuevo mercado legal. Es razonable que los movimientos de capital identifiquen una gran oportunidad en la comercialización de cannabis y esto puede ser un gran empuje para la producción. Pero un mercado que pierda el equilibrio y donde los grandes jugadores desplacen a los productores pequeños y a las economías locales, tendrá altos costos en términos de equidad y concentración del poder de mercado.

Cannabis y política de drogas

En este punto quisiera señalar que la legalización del cannabis, tiene que ver con la política de drogas y no solamente con el cannabis. Creo que debemos prevenirnos de caer en un cierto endogenismo que nos impida ver que el prohibicionismo sigue allí. Algo más débil, con su hegemonía política y cultural herida, pero reposando sobre piezas centrales del consenso político internacional.

El trabajo por la regulación legal de todas las sustancias, está muy lejos de agotarse. Y los avances en el cannabis no deberían ser una excusa para limitar los esfuerzos por una política de drogas basada en la evidencia, la salud pública y los derechos humanos en toda su extensión.

La ampliación del espacio para debatir la regulación legal de los psicodélicos y los estimulantes puede alimentarse de las experiencias de los mercados legales de cannabis, pero tiene un camino propio que recorrer.

En paralelo, también se hace necesario trabajar para una regulación más sensible a los objetivos de salud pública de la droga que mayores daños ha causado, como es el caso del alcohol.

Aprendizajes de la experiencia uruguaya

Finalmente, permítanme referirme a Uruguay, mi país. Aquí la discusión pasa más por la forma específica que debe tomar la regulación en el futuro, que por la pertinencia de haber regulado.

En Uruguay la idea de la legalización ya es un hecho aceptado por casi todo el sistema político y por porciones cada vez mayores de la opinión pública. Las calamidades que algunos anunciaban a los cuatro vientos y otros veían con calmada y razonable preocupación, nunca se cumplieron.

Las farmacias que venden el cannabis no fueron asaltadas, ni estuvieron rodeadas de un clima de conflicto social.

Las personas que disfrutan del cannabis y participan de su cultura se sintieron significativamente más libres, pero nuestro país no se convirtió en una sociedad cannabizada.

Aunque insuficientes para cubrir la demanda existente, las toneladas comercializadas en este tiempo representan un ingreso de varios millones de dólares. Dinero que no fue captado por las economías criminales y sí por la actividad formal de los empresarios y trabajadores involucrados, sumado a una porción que financia el funcionamiento del instituto regulador (el IRCCA) y que en el futuro, de acuerdo a una ley recientemente aprobada, servirá para crear un fondo para impulsar la investigación científica del cannabis.

La percepción del riesgo, un indicador cuya evolución preocupaba a muchos, dado que se veía como uno de los principales perjuicios de la legalización, se mantuvo notoriamente estable entre el 2014 y el 2018 en población adolescente y se robusteció en adultos.

Las campañas de sensibilización llevadas adelante, en las cuales se optó por evitar los mensajes demonizadores y se apostó por favorecer factores de protección como el dialogo abierto basado en información objetiva y el involucramiento parental en las familias, ayudaron a estimular el debate en los ámbitos públicos y privados, no solamente sobre los efectos de la marihuana sino sobre la responsabilidad social que implica transitar el camino de la regulación legal.

El incremento desmedido en la prevalencia del consumo entre los estudiantes de enseñanza media, que muchos veían como una posibilidad ante una lectura del tipo "si es legal no te hará mal", no se verificó. Por el contrario, la cantidad de adolescentes consumidores se mantuvo sin cambios y la edad promedio de inicio del consumo, se retrasó.

El consumo en población adulta efectivamente se incrementó. Pero al mismo ritmo que lo venía haciendo desde el 2001 y con una tendencia similar a la del resto de los países de la región que se mantienen en una estricta prohibición. Por lo cual no pudo hablarse de causalidad entre la regulación y ese aumento.

De forma resumida, ningún indicador relevante en el campo de la salud pública se encendió alarma que invitara a revertir el camino andado; por el contrario, los datos son un estímulo a seguir adelante y profundizar el modelo.

Lo que también enseña el caso Uruguayo, es que el diseño de una regulación para el mercado legal donde las restricciones, es decir, las reglas que limitan el comportamiento de los agentes, sean mayores que las necesarias para manejar los riesgos que las sustancia tiene para la salud, provocan la persistencia del mercado ilícito. Y por lo tanto deberían ser reconsideradas.

Tenemos una regulación con demasiados reflejos de un tipo de paternalismo estatal de corte sanitarista, que por momentos parece ubicar al usuario en el lugar de un víctima de impulsos incontrolables. Muchos se preguntan: ¿por qué si puedo comprar tanto alcohol como para alcanzar el estado de coma, no se me permite adquirir más de 10 gramos semanales de marihuana, ni transportar más de 40? Este tipo de inconsistencias generan un fuerte límite al proceso de cambio que disparó la legalización y deben entenderse en el contexto de época en el cual fuera aprobada la que es la primer legislación de este tipo con alcance nacional.

Entre las limitaciones que deberían ser revisadas ubico la prohibición de venta al turismo, la dispensación exclusiva en farmacias para el cannabis de uso no-medicinal, los límites de compra por persona y la prohibición para registrarse en más de una vía de acceso (autocultivo, clubes o farmacias), o las limitaciones a la cantidad de miembros y tamaño del cultivo de los clubes sociales.

La lógica aquí es que el peor escenario lo encontramos en la persistencia del mercado ilegal, en tanto produce inseguridad, daños a la salud de los usuarios, violencia y discriminación. Y que, si las reglas de juego son demasiado rígidas, la demanda de cannabis hacia el mercado ilegal seguirá existiendo.

Desafíos de este tiempo

Como intenté detallar, los desafíos que tenemos son múltiples. Pero podemos abordarlos desde el entusiasmo compartido de ser parte de la construcción de un nuevo tiempo en la política de drogas. Eventos como este congreso, demuestran que existe una rica trama de actores con capacidad política, ideas y conocimiento para poner en práctica. Ello permitirá que sobre un pasado de mucho dolor y políticas equivocadas, encontremos colectivamente nuevas y más humanas alternativas.

Muchas gracias.